miércoles, 19 de noviembre de 2014

El petróleo y la crisis perpetua cubana


Antes de la llegada de Fidel Castro al poder, los cubanos vivían pendientes del precio del  azúcar, que determinaba  la existencia de épocas de vacas flacas y gordas. Todo cambió en 1959. A partir de entonces, otro producto ocupó ese lugar clave no solo en el imaginario popular sino en la realidad cotidiana: el petróleo.
Cierto que los enormes cambios en el mercado del crudo han repercutido en todos los rincones del planeta, pero en la Isla éstos se han visto definidos por coyunturas especiales, adaptadas a las características políticas.
Sin ser un país petrolero, Cuba se ha visto afectada no solo por las alzas sino por las bajas del precio. Pese a las necesidades que le exigían y exigen tanto un sistema despilfarrador de energía como una industria obsoleta, se ha dedicado cada vez que ha podido a la reventa del combustible suministrado por sus aliados.
Ahora ve cercana la posibilidad de una grave crisis precisamente por algo que en otras circunstancias le sería ajeno o incluso beneficioso: la caída de los precios del combustible.
La ilusión del hallazgo
Hay una especie de complejo de inferioridad petrolera que siempre ha recorrido el régimen de los hermanos Castro, y que ha buscado su compensación en aliados poderosos. Cierto que cualquier torpe especulación sicológica en este sentido se enfrenta a la certeza de que se trata de una mercancía privilegiada en los mercados, pero aún la realidad deja margen para señalar ese afán febril —que en un momento determinado puso en peligro incluso playas en la costa norte de la Isla— de búsqueda incesante, en un intento plagado de perforaciones mal hechas y peor planificadas. Aunque tal descubrimiento siempre ha eludido a Cuba. Como una especie de maldición o destino cruel, en lugar de encontrar mucho petróleo, de forma asequible, abundante y de calidad, los cubanos han tenido que conformarse con poco y malo. Pero al mismo tiempo se ha mantenido viva la ilusión de la espera.
Ese hallar una “fuente mágica” que solucione todos los problemas habla mucho de la herencia española de los hermanos Castro —de avaricia, ilusión y hasta envidia depositados en destapar  un provecho abundante— y de su capacidad para trasmutar ese ensueño en oferta internacional.
No por mucho tiempo. Durante la Feria Internacional de La Habana, dedicada a promover la inversión extranjera, los empresarios extranjeros manifestaron interés en turismo, industria o energía renovable, pero no así en el petróleo. De los 246 proyectos de la Carpeta de Oportunidades de Negocios, 86 correspondían a este rubro, el sector con mayor cantidad de propuestas seguido del turismo, con 56. Se repitieron las ofertas de exploración en aguas profundas, en tierra y aguas someras, pero sin resultados a la vista.
El desinterés actual de las grandes compañías mundiales de Europa, Asia y América Latina se debe en parte a los varios intentos fallidos en aguas profundas del Golfo. Pero también concurren los costos. Con un barril que ha bajado 30% desde junio, y se situó por debajo de $75 la semana pasada, la ilusión de encontrar petróleo en Cuba ha perdido todo su atractivo. Cualquier proyecto de aguas profundas, para ser rentable, necesita que el barril se coloque entre los $90 y $100.
Sin embargo, el problema va mucho más allá, y se extiende de las exploraciones futuras a las importaciones presentes.
El factor venezolano
El descenso en los precios afecta gravemente a Venezuela, el principal aliado del régimen cubano y suministrador de combustible.
De acuerdo a un estudio del Deutsche Bank, Venezuela necesita un barril de $140 para cumplir con su presupuesto y financiar su déficit fiscal. Solo Irán, según otro estudio sobre los países de la OPEP, necesita un barril de mayor costo que la nación sudamericana.
Aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro presentó su presupuesto con un estimado de $60 por barril hace unas semanas, y se ampara en ese cálculo para decir que puede capear la situación sin recortar los programas sociales, el panorama no es tan sencillo.
Todos los años el gobierno termina gastando mucho más que lo presupuestado. En 2013, el incremento entre el gasto presupuestado y el ejecutado fue del 82%, según cifras oficiales. Ello se consigue mediante créditos otorgados por el Parlamento (de mayoría oficialista). El resultado final es que siempre aparece el dinero para los gastos, pero también que la nación tenga una de las inflaciones más altas del mundo.
El 95% de los dólares que entran al país viene de la exportación petrolera. El abastecimiento de productos, el costo de las mercancías y la amplia inversión social del gobierno ha sido fundamentalmente financiada por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además esos ingresos sirven para otorgar petróleo subsidiado a Cuba y mantener un elevado número de proyectos comunes entre La Habana y Caracas.
Más del 40% del intercambio comercial de la Isla está vinculado a Venezuela, del que depende más del 20% del PIB cubano, según estimaciones de economistas independientes consultados por el diario español ABC.
De acuerdo al periódico, el destacado economista Carmelo Mesa-Lago valoró en 2010 —fecha de las últimas estadísticas oficiales de la Isla en este campo— que “toda la relación comercial y económica” entre ambas naciones supone “unos 9.000 millones de euros, equivalente al 21% del PIB cubano”.
Así que lo está en juego, para el gobierno cubano, no es solo la obtención de combustible a bajo precio, sino una parte fundamental de la economía.
De producirse una amplia crisis económica en Venezuela —con sus implicaciones políticas— no significaría simplemente la vuelta a los “apagones”, sino el derrumbe de buena parte de la estructura económica en que se ha sustentado el país.
Temores y cautelas
La baja de los precios no significa, de hoy para la mañana, la caída del gobierno venezolano. Tampoco el fin de los programas sociales subsidiados, que benefician a las capas sociales en las que Maduro concentra su disminuida popularidad. Mucho menos el fin o una reducción notable de los suministros a Cuba.
Venezuela se puede ver afectada por los bajos precios del petróleo en varias áreas, principalmente el pago de deuda externa, gasto público y asignación de divisas para importaciones o viajes al extranjero.
Sobre la deuda externa, los analistas de varias corrientes coinciden en que Venezuela, al menos a mediano plazo, no se va a arriesgar a caer en default, pues las consecuencias a futuro son muy graves.
El economista Maxim Ross dice que “con las complicaciones políticas y económicas que tiene ahora el gobierno, un default les complica mucho más la vida”.
Este año, que la crisis económica venezolana ha alcanzado los peores índices en décadas, la deuda externa ha sido honrada a tiempo.
Aunque algunos analistas de oposición han dicho que con un barril a $60 el default es casi seguro en 2015, Ross dice “no lo veo al menos hasta 2016”.
Por otra parte, este año no se ha sacrificado de manera significativa la inversión social, pues la construcción de viviendas sociales y los programas de subsidios en general se han mantenido y en algunos casos se han profundizado.
Lo que sí resulta inevitable es que Maduro tendrá que establecer prioridades, y todo parece indicar que entre esas prioridades estarán el conservar los beneficios al régimen cubano, al menos en lo que respecta a las entregas petroleras.
Pero si bien es cierto que hasta ahora la disminución del precio no obliga necesariamente a un replanteo drástico de los acuerdos con La Habana, en la esfera política el asunto se torna más complicado.
Uno de los subsidios más grandes, el de la gasolina —que en Venezuela es prácticamente gratis—, se ha mantenido pese a la inflación.
Sin embargo, el lunes Maduro dijo haber aceptado una propuesta para subir su precio: “Este es un tema sensible que ya estoy evaluando”, dijo, aunque añadió que “no hay apuros” para tomar una decisión sobre un subsidio que da pérdidas al gobierno por $12.500 millones al año.
El aumento del precio de la gasolina es un asunto que desde hace tiempo se viene comentando en Venezuela. Por momentos ha dado la impresión que dicho aumento era inminente, pero luego Maduro ha vuelto a “enterrarlo“.
Hay dos problemas fundamentales, que Maduro sabe rodean a cualquier aumento de la gasolina. Uno es que no se trata de un “tema sensible” como él dice, sino de un “tema explosivo”.
La última vez que se produjo un amento fue bajo el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, en 1992, y estallaron fuertes disturbios sociales conocidos como el “Caracazo”. que dejaron miles de saqueos y cientos de muertos y un clima de inestabilidad política —incluidos dos intentos de golpe de Estado, uno por Hugo Chávez— que llevó a la salida del presidente.
El otro problema es que todos los venezolanos se van a preguntar, comenzando por la oposición pero terminando por cualquier ciudadano de a pie, por qué ellos tienen que pagar más ahora por la gasolina, mientras a Cuba se le da combustible “gratis” (bajos precios y pagos diferidos).
Ilusión y realidad
Todo lo anterior explica la preocupación del gobierno cubano, por evitar o paliar una crisis que se le viene encima y tiene varias ramificaciones:
La actual producción de Cuba es de 25 millones de barriles anuales de petróleo equivalente (petróleo y gas), lo que representa algo más del 40% del consumo. El resto se importa de Venezuela.
El problema aquí no es solo la disminución o el fin de las importaciones de crudo venezolano.
El crudo local es básicamente extrapesado y solo puede usarse en la generación eléctrica y la producción de cemento, lubricantes y asfalto.
La estatal Cubapetróleo (Cupet) sostiene que su principal meta es mantener los niveles productivos actuales, pero muchos de los pozos ya tienen varios años.
Así que resulta muy difícil que en el futuro inmediato se pueda mantener esta producción.
Una solución sería crear una empresa mixta para “la recuperación secundaria”, una apuesta de $142 millones de dólares por bloque, con un contrato por 30 años y cuya inversión se recupera en 2,1 años.
Cuba presentó la oferta en la reciente feria, pero no información pública de que algún inversionista se mostrara interesado
 El problema aquí es que el negocio está calculado para un precio de $95 el barril, más alto que el actual.
Así que con un futuro incierto para su principal suministrador energético, el gobierno cubano enfrenta también una situación de agotamiento en sus pozos, lo que indica que la dependencia petrolera extranjera posiblemente aumente en el futuro, lejos de disminuir, como había ocurrido en los últimos años.
Con lo que se vuelve al inicio, a la búsqueda de una solución foránea —que ahora son las inversiones extranjeras— para que resuelva la crisis actual y la que se avecina.
En general, todas estas estrategias de soluciones encierran un factor común, y es el hallazgo de esa especie de “varita mágica” que evapore todos los problemas: un acto de colonización y conquista a la inversa, pero que en igual medida depende de factores externos. Caracas convertida no en nueva metrópolis, en sustitución de la URSS, sino en colonia habanera. Miami como puesto fronterizo donde extraer recursos.
La solución en este caso no es afanarse inútilmente en la búsqueda del crudo que no aparece, centrar las esperanzas en la inversión extranjera y rogar por encontrar un nuevo aliado, sino lograr un desarrollo económico propio. Claro que si el gobierno de Raúl Castro no ha logrado desarrollar ni la siembra de boniatos, pocas esperanzas quedan al respecto

Sea a consecuencia de esa herencia española en los hermanos Castro, se deba a la ignorancia o dejadez tropical, proceda de la morosidad o la aceleración impartida a cada acontecimiento, el problema es que nunca se ha mirado al norte para buscar un ejemplo de solución de problemas. No al Norte, representado por Estados Unidos, sino al norte europeo, donde naciones carentes o pobres en materias primas valiosas y recursos naturales notables, pero con ingenio, tenacidad y astucia han logrado hacer grandes países. Al argumento de que los cubanos no son dinamarqueses, se podría responder que, con tantos regados por el mundo, esa respuesta simple se diluye cada vez más

“The New York Times” y los médicos cubanos


Si una clase profesional ha sido hostigada en Cuba a partir de 1959 es la de los médicos. Estos han tenido que sufrir las órdenes y hasta los caprichos de un poder que siempre los ha considerado uno de sus recursos más valiosos.
Hasta en la conversación más simple sobre el tema sale a relucir el hecho de que el estudio de la carrera de Medicina en la Isla es gratuita, mientras en Estados Unidos cuesta miles y miles de dólares. Pero el régimen nunca necesitó de ese pretexto para retener a los facultativos. En la primera y segunda década tras la llegada de Fidel Castro al poder los médicos que solicitaba la salida del país eran “castigados”, rebajados de categoría, enviados a lugares remotos e impedidos de partir durante años, con independencia de dónde y cómo habían obtenido sus títulos, que por supuesto por aquel entonces no eran resultado de los “logros de la revolución”.
A estos “castigos” se agregó luego otro aún peor: el retener a los familiares —en particular los hijos pequeños— de los médicos cubanos que “desertaban“ en el exterior, luego de ser enviados a ejercer su profesión en otros países. De hecho, el lenguaje establecido en estos casos por el gobierno cubano —y adoptado incluso en cierta medida por las agencias de prensa internacionales—  establecía una connotación militar, guerrera a la labor: “misión”, “contingente”, “desertores”. Todo ello tenía el objetivo de enfatizar el carácter bélico con que siempre Fidel Castro concibió esos planes: una filosofía de guerra por otros medios, pacíficos e incluso humanitarios, que no por ello dejaba de fundamentar un expansionismo político e ideológico. Cuando las circunstancias impusieron el repliegue ideológico, pero no político, los fines se transformaron en diplomáticos y económicos.
Es por ello que la emigración de los médicos cubanos ha sido por décadas un tema recurrente en el conflicto entre Washington y La Habana. Por una parte el gobierno cubano niega o demora por años la salida de los facultativos, así como retiene a sus familiares si éstos desertan en terceros países. Por la otra, durante la administración de George W. Bush se decidió otorgar un parole a cualquier médico que se encuentra en una misión gubernamental en un tercer país y tome la decisión de desertar, así como el dar visado a los familiares del profesional.
Ambas actitudes han mantenido un carácter marcadamente político, que ha contribuido al aumento de las tensiones entre amos países. En este aspecto estaría la razón de ser del último editorial del diario The New York Times, que critica las alegadas facilidades que ofrece EEUU a los profesionales de la salud cubanos para que abandonen la isla y pidió el fin de esa política “incoherente”.
El editorial, al igual que los anteriores publicado en inglés y español, forma parte de una serie que desde hace semanas el influyente diario de dedica a las relaciones entre Washington y La Habana.
Uno puede estar o no de acuerdo con el juego político que ha provocado estas situaciones y argumentar sobre las decisiones tomadas tantos por ambos Estados como por los médicos protagonistas de tantas historias. Lo que resulta muy difícil es admitir es que alguien se coloque de parte de los verdugos.  Y eso es precisamente lo que ha hecho el diario estadounidense.
No estamos en la Edad Media, el gobierno cubano tiene un concepto feudal en muchas de sus decisiones, tanto en su concepción del tiempo como en los recursos a que echa mano en muchas de sus disputas. Utilizar a niños como rehenes es inadmisible. La Habana lo ha hecho y continúa haciendo. Y pese a los cambios migratorios puestos en práctica, aún el régimen se otorga el derecho de decidir quien sale y quien se queda en Cuba. Es más, considera dicho derecho una potestad indiscutible.
Puede especularse sobre las razones de The New York Times para publicar esta serie editorial, se puede incluso compartir algunos criterios de otros anteriores, pero en esta ocasión el periódico ha producido una pieza no solo absolutamente parcializada sino incluso torpe y pedestre, que al tiempo que amplía el tipo de tergiversación que ya había mostrado al escribir sobre el caso de Alan Gross, contrasta precisamente con otro editorial del mismo diario también de la semana pasada, en que criticaba la censura en China a la Internet y las limitaciones de los corresponsales extranjeros en el país asiático. Incluso, y con razón, reafirma su posición de seguir informando la verdad sobre China, aunque el precio que tuviera que pagar por ello es que el gobierno de Pekín no le diera visa a sus periodistas. Entonces, ahora, y en las misma sección, una muestra vulgar de un doble rasero.
Porque lo cuestionable no es solo el punto de vista de The New York Times, sino principalmente la forma de sustentación.
El periódico parte del elogio por la contribución de médicos cubanos que atienden a pacientes con ébola en África —en realidad la mayoría de ellos aún no están laborando con enfermos, pero vamos a considerar secundaria esa falta de actualización que no debería ocurrir en una publicación de tal categoría— para criticar el supuesto “robo de cerebros”.
De acuerdo al diario “los médicos que trabajan en África occidental hoy podrían fácilmente abandonar sus obligaciones, tomar un taxi a la embajada estadounidense más cercana y solicitar estatus migratorio, mediante un programa que ha permitido miles de deserciones. De ser aprobados, pueden ingresar a Estados Unidos en cuestión de semanas, a pocos años de convertirse en ciudadanos estadounidenses”.
Bueno, esta visión idílica de la fuga no solo resulta absurda por tratarse de un país africano, sino porque el diario pasa por alto que en cualquier lugar del mundo estos trabajadores de salud son vigilados estrechamente, se les retiene el pasaporte y trabajan, se han educado y por regla general vivido siempre bajo un ambiente de miedo, sospecha y traición que resulta difícil de entender por cualquier norteamericano, incluso si es aficionado a las películas de espionaje de la época de la guerra fría.
Aunque más importante aún es señalar lo torcido que resulta partir de la actual lucha contra el ébola, o invocar la labor en el terremoto de Haití, como punto de referencia para el análisis de las deserciones de los médicos. Porque las cifras que más adelante ofrece el periódico no guardan relación con esos cientos de profesionales sino con miles que trabajaban en Venezuela y ahora en Brasil. No tienen que ver con una ayuda humanitaria que por otra parte no es gratuita: la paga la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tan criticada por Cuba, y por el propio Times en otro editorial. Son datos que reflejan, en particular, lo que viene ocurriendo en Venezuela, donde a un grado de explotación extrema de los médicos se une una situación de inseguridad creciente. Pero de esto no habla el periódico.
The New York Times tampoco hace referencia a dos fuentes en que se fundamentó para cifras, ahora actualizadas, y argumentos.
En 2011 el Wall Street Jounal publicó que cerca de mil seiscientos profesionales médicos y técnicos de salud cubanos se habían exiliado en Estados Unidos a partir de 2006.
De acuerdo al Journal, 800 profesionales utilizaron a Venezuela como el primer país de enlace; luego Colombia con  300. De igual modo, 135 huyeron por Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Namibia y Perú, con destino a EEUU. Para concretar las deserciones, un total de 1.574 visas fueron emitidas desde consulados estadounidenses en 65 países.
El Times prescinde de este desglose de cifras porque echaría por tierra su argumento: “Es incongruente que Estados Unidos valore las contribuciones de los médicos cubanos enviados por el gobierno para asistir en crisis mundiales, como aquella del terremoto en Haití en 2010, mientras procura desestabilizar al estado facilitando las deserciones”.
No se trata de trabajadores humanitarios que abandonan su ejemplar labor tentados por “cantos de sirenas del imperialismo” —como aún no se atreve a decir el Times, pero está cerca— sino de simples profesionales que huyen de la explotación en busca de un mejor futuro.
Si para 2011 el gobierno cubano tenía 37.041 médicos y trabajadores de la salud en 77 países, según el Journal, eso significaba que alrededor del 4,3 por ciento de ese personal médico había desertado.
Entra entonces la segunda fuente del Times, que además de cifras aporta argumentos. En una "reflexión", Fidel Castro dijo que Estados Unidos robó a Cuba el 5,16 por ciento de los profesionales graduados durante la revolución.
"Entre 1959 y 2004 se graduaron en Cuba 805.903 profesionales, incluyendo médicos. La injusta política de Estados Unidos contra nuestro país nos ha privado del 5,16 por ciento de los profesionales graduados por la revolución", escribió Fidel Castro en una Reflexión del 17 de julio de 2007, titulada El robo de cerebros. Esto significa que unos 156,182 profesionales abandonaron Cuba.
Podría pensarse que el régimen de La Habana ha establecido mecanismos de control más estrictos, que dificultan la salida de los facultativos, pero en general el plan de las misiones médicas cubanas adolece de los mismos problemas de corrupción que otros modelos cubanos de cooperación o búsqueda de divisas.
Al final todo parece estar más cerca de otra versión de Casablanca: sobornos, la libertad puesta a precio, e irregularidades propias de un ambiente de  guerra fría.
No se trata, sin embargo, de una disputa que se resuelve moviendo tanques y aviones, con declaraciones más o menos amenazadoras o  mediante pactos estratégicos. Es un drama humano, algo que también omite el Times.
Queda entonces el elemento que podría darle la justificación mayor al diarios estadounidense: los cambios introducidos por el gobierno cubano en la política migratoria.
Sin embargo, aquí también el Times omite de su análisis aspectos fundamentales.
Hay un rasgo que se repite en las medidas formuladas por el gobierno de Raúl Castro, y es excluir a los profesionales de los cambios que, según La Habana, buscan “actualizar” el modelo cubano.
Para quienes mandan en la Isla, los graduados universitarios quedan fuera de los supuestos beneficios que trae trabajar por cuenta propia o emigrar temporalmente fuera del país.
La primera consecuencia es de índole personal. Quienes se esfuerzan por obtener un título se enfrentan a un presente muy limitado y un futuro más incierto aún. O se limitan a un trabajo mediocre, donde siempre está presente el peligro del despido por los ajustes laborales, dilatados pero no extinguidos, o se dedican a empleos más lucrativos aunque alejados de su perfil de estudios. La educación, una de las conquistas más cacareadas de la revolución, ha pasado de ser un logro a una rémora.
Mientras la ley de migración modificada amplía plazos, suprime la duplicación de permisos (el nuevo “permiso de salida” se concreta en el pasaporte actualizado) y permite el regreso de los inmigrantes obedientes al régimen, en el caso de los profesionales es incluso más represiva que en años anteriores.
No solo en el caso de los médicos. Por décadas el régimen no ha permitido o le ha puesto trabas y demoras a la salida de otros graduados universitarios, pero como todo lo que ocurre en Cuba, se han sucedido los períodos de un cierre mayor con otros de relajamiento, de acuerdo a multitud de factores que iban de la arena internacional al plano doméstico. De ahora en adelante no. La modificación de la ley deja establecido el parámetro a seguir.
De acuerdo a uno de los cambios establecidos en la ley, cualquier graduado de la enseñanza superior que participe en una investigación que se considere “vital” para el desarrollo de la nación queda excluido del otorgamiento del pasaporte y con ello de la posibilidad legal de salida. Lo que ocurre es que bajo una categoría tan amplia, y teniendo en cuenta los temores, la corrupción y la envidia imperante en la isla, cualquier jefe de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en un municipio, puede impedir que un licenciado en letras se vaya porque ha participado en un censo de los versificadores, y el dato es de “vital importancia”, ya que refleja el desarrollo cultural de la zona.
Como siempre, al formular la ley el Gobierno echó mano al socorrido argumento del “robo de cerebros”.  Solo que este llamado “robo de cerebros” no es más que un argumento tercermundista para ocultar la impericia de los gobernantes. En los hospitales de EEUU hay médicos de India y Pakistán; en la universidades de este país, por ejemplo, aquí, en la Universidad de Miami, se encuentran ingenieros de alto nivel procedentes de los países árabes; en Madrid resulta fácil encontrarse con un facultativo que sueñe o busque ejercer en Londres.
Todos estos casos reflejan un fenómeno intensificado con la globalización: las personas buscan vivir en donde se sienten mejor, se les reconoce más por su labor y son mejor recompensadas. Nada más natural, y no por ello los gobiernos tienen que establecer barreras que impidan la partida sino contribuir a crear mejores condiciones de vida en los lugares de origen.
En el caso de los profesionales cubanos, el gobierno da cada día nuevas muestras de que le interesan poco en la mayoría de los casos, cuando no puede explotarlos como fuerza de trabajo que alquila o exporta de acuerdo a conveniencias políticas. Lo demás es mantener en aumento un ejército de braceros encargados del suministro de remesas.
En estos momentos el gobierno de La Habana mantiene una flexibilidad no vista con anterioridad sobre la posibilidad de abandonar la Isla, pero se trata de un fenómeno circunstancial —no importa que llegue a extenderse por décadas— y no un cambio de principios. Siempre tiene a su disposición el invocar que un profesional realiza una labor “vital” para el país o catalogar el caso como “robo de cerebros”. Siempre puede convertir en una pesadilla algo tan rutinario y burocrático como la emisión de un pasaporte.
Es posible que ese ingeniero que sale de Cuba termine colocando antenas de televisión en Miami, o que ese médico que abandona una misión internacionalista nunca vuelva a ejercer, y sea simplemente un enfermero en esta ciudad. Pero es un destino propio, elegido sin que el Estado lo mueva como un peón de un barrio marginal de Caracas a un campamento en Haití, con independencia del beneficio que estos cuidados sanitarios puedan brindar a muchos. Tanto la supuesta bondad del régimen, como el beneficio económico que obtiene brindando servicios médicos en el exterior, se deben a la burda explotación de sus graduados universitarios, que en última instancia poco tienen que agradecer al Gobierno.

Resulta vergonzoso que el Times se coloque al lado del poder y niegue los derechos del individuos. Se supone que, más que la labor, el deber de los periódicos es todo lo contrario.  

lunes, 17 de noviembre de 2014

Cuba y Birmania


Curioso que lo que ocurre en Birmania no se mencione al discutir sobre la posibilidad de levantar las sanciones a Cuba, ni siquiera ahora que el presidente Barack Obama acaba de concluir su visita a la región. Más curioso aún porque lo sucedido en esa nación brinda argumentos tanto a los defensores del embargo como a quienes se oponen al levantamiento incondicional de este.
Birmania o Myanmar inició su transformación política en el 2011, tras medio siglo de dictadura militar. Su presidente, Thein Sein, liberó a los presos políticos, relajó la represión y dio los primeros pasos hacia una transición democrática. En vista a eso, Estados Unidos levantó algunas de las sanciones impuestas durante el régimen dictatorial. Pero dichos comicios no han resultado en todos los cambios esperados.
Ahora Obama, en su segunda visita al país, ha reafirmado que la transición parece haberse estancado; incluso en algunas áreas han ocurrido retrocesos y las violaciones a los derechos humanos continúan.
¿Fue un error entonces la política de la Casa Blanca? La respuesta no es fácil porque un análisis del panorama birmano, bajo una óptica bipolar, sólo lleva a justificar una posición partidista. De adoptarse, todo se reduce a la vieja disyuntiva de la mitad del vaso de agua: ¿medio lleno o medio vacío?
Dos posiciones, en el Congreso de Estados Unidos, definieron la discusión a la hora de imponer restricciones a la junta militar de Birmania.
Una planteaba que la medida debía someterse a una revisión anual. La otra estaba a favor de adoptar algo similar al embargo contra el gobierno cubano: el sostenimiento indefinido de las sanciones hasta que no se produjera un completo cambio democrático. Nada de pasos equilibrados, sino una apuesta de todo o nada.
Al final se impuso la primera posición.
En el 2003, el senador republicano Mitch McConnell —quien el próximo año será el presidente del Senado— trabajó junto al exsenador demócrata Max Baucus y los senadores Dianne Feinstein (demócrata) y Chuck Grassley (republicano), y llegaron al acuerdo de que las sanciones serían sometidas a una evaluación anual.
Además del proceso que marcó el fin de la junta militar, otros factores han influido notablemente  en la activa participación de la Casa Blanca en el caso birmano: los vínculos de esa nación con China y Corea del Norte, así como la influencia de la India, por una parte, y la ausencia de un numeroso exilio birmano en Estados Unidos, por la otra. La solución del problema se limita a dos factores: democracia y política exterior.
En enero del 2011, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró que las sanciones serían levantadas si se producían cambios “reales”.
En el 2012 Aung San Suu Kyi —premio Nobel de la Paz— fue liberada y en abril del 2012 elegida diputada del Parlamento Nacional. La oposición entró al Parlamento con 43 diputados, pero el Ejército se reservó un cuarto de los escaños, lo que garantizó que los opositores no fueran capaces de hacerle sombra al gobierno.
En mayo de ese año Clinton anunció el relajamiento de algunas sanciones —entre ellas restricciones financieras—, para facilitar la transición.
Al año siguiente, se eliminaron las restricciones vigentes contra los funcionarios birmanos. En igual sentido, ese mismo año, 2013, la Unión Europea levantó todas sus sanciones, salvo el embargo de armas.
Sin embargo, las esperanzas del cambio se han visto opacadas en los últimos tiempos.
En las elecciones presidenciales previstas para finales del próximo año, que Suu Kyi ganaría fácilmente si fueran libres, la activista no podrá presentarse.
Un absurdo artículo constitucional veta a los candidatos con hijos de otra nacionalidad, como los suyos, que son británicos. Todo indica que dicho requisito tiene únicamente como objetivo el impedir que su nombre aparezca en la boleta.
Obama reconoció, en una entrevista con la revista The Irrawaddy,  que en Myanmar “el progreso no ha sido tan rápido como muchos habían esperado, cuando empezó la transición”.
El 9 de agosto de este año, el secretario de Estado John Kerry pidió al gobierno de Birmania acelerar las reformas democráticas. Una semana antes, varios senadores estadounidense habían solicitado nuevas sanciones y en mayo Obama extendió por un año más algunas de las restricciones económicas aún vigentes (prohibición de inversiones norteamericanas y de las exportaciones de ese país a Estados Unidos).
Durante su reciente visita, Obama presionó al presidente Sein para reformar la norma que impide postularse a Suu Kyi, así como eliminar la represión étnica.
Si se compara la situación existente en Birmania con la imperante durante la junta militar, es indudable que se han producido ciertos avances que justifican el fin de algunas de la sanciones. De igual forma hay motivos para mantener otras. El uso de sanciones nunca debe ser una medida de todo o nada, sino de estímulo y respuesta. El camino hacia la democracia es largo y difícil, y la cautela siempre debe acompañar al optimismo.